Recientemente fui invitado a participar en la audiencia pública para discutir y analizar la propuesta de ley que se tramita en Colombia para que el fútbol sea declarado patrimonio cultural e inmaterial de la nación. Con argumentos convincentes, reforzaron mis creencias. El fútbol es patrimonio cultural e inmaterial. Ello no quita que la propuesta sea una mala idea.

Los proponentes se esfuerzan en recordar la relevancia del fútbol en la sociedad colombiana. Pocos lo dudan. El proyecto de ley propone que el “gobierno nacional, departamental y municipal” pueda “planificar y financiar de manera directa o indirecta organizaciones deportivas y/o recreativas, torneos, ligas, y eventos deportivos del fútbol profesional y aficionado”. Para ello podrán apoyarse en asociaciones público- privadas (APP).

Siendo justos, fueron enfáticos los representantes que no buscan más dinero para el fútbol profesional, sino para el fútbol aficionado. De hecho, el objetivo central es montar la tercera división de ascenso el fútbol colombiano. Con este fin, se ordena al Ministerio de Deporte a apoyarse en APP para planificar un sistema de ascensos y descenso.

No soy abogado, pero no me gusta que quede escrito “fútbol profesional” de manera explícita. Más allá de ello, están tomando la ruta larga para expandir el fútbol hacia abajo montando la tercera, cuarta y subsiguientes divisiones. El objetivo es loable, pero la ley no resuelve el cuello de botella: coordinar con el fútbol profesional para que se pueda ascender de la tercera división a la primera B. Y que desciendan de la B a tercera.

El diagnóstico en el que se basan está errado. Parte de las afirmaciones de la Dimayor y la Federación de que no hay plata para montar otra categoría. Ello, seguramente, es cierto, pero lo es en todo el mundo en categorías menores. La tercera división no debe ser un torneo de ámbito nacional requiriendo ingentes cantidades de dinero. Del cómo estructurarla escribí hace unos meses aquí.

Tampoco es cierto que sea una alternativa para que miles de jóvenes vivan del deporte y sacarlos así de la pobreza. La tercera división no es, ni aquí, ni allá, un espacio para vivir del deporte, es una alternativa para practicarlo y generar comunidad. Debe ser un torneo aficionado, que no quita que haya compensaciones puntuales, pero en claro contraste con las categorías profesionales.

En la práctica, la ley pretende que el Estado se apropie de un problema que corresponde a otros impulsar. Sin duda, se le debe apoyar, pero no organizarlo, sino regulando para impulsarlo. La institucionalidad para ello ya existe. La ley es un grito al Ministerio de Deportes por no haber logrado cumplir las órdenes del presidente Duque de fomentar con decisión la tercera división.

El fútbol es patrimonio cultural del país, pero no necesita una ley que lo diga. Lo que necesita es un gobierno que actúe con decisión ante la rama profesional para atender las necesidades del deporte aficionado.